Fiscalía acusa a ex titular de IPS por estafa millonaria

El Ministerio Público formalizó la acusación por estafa y lavado de dinero contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Manuel Gubetich Mojoli, y su esposa María Rosa Araújo, en un caso que involucra la venta irregular de inmuebles por más de 2.3 millones de dólares.

El juez de Garantías Osmar Legal admitió la imputación presentada por el fiscal Marcial Machado, convocando a los acusados para una audiencia de imposición de medidas programada para el martes 2 de julio a las 10:00 horas.

La investigación fiscal revela que entre octubre y noviembre de 2021, el matrimonio Gubetich-Araújo negoció la venta de cuatro propiedades al cirujano plástico Eustacio Rojas Alegretti, operación que presuntamente tenía como finalidad financiar la campaña política del exfuncionario para las Elecciones Generales 2023.

La fiscalía determinó que las propiedades vendidas por un total de USD 2.358.000 presentaban impedimentos legales para su transferencia, ya que algunas habían sido previamente comercializadas, otras estaban hipotecadas o tenían gravámenes de usufructo vitalicio.

La defensa técnica, ejercida por la abogada María Griselda Garay, intentó frenar el proceso mediante la recusación del fiscal Marcial Machado Orihuela y otros siete agentes fiscales, incluyendo una solicitud de inhibición contra la fiscal Adjunta Lourdes Samaniego.

Sin embargo, el Fiscal General del Estado, mediante Resolución F.G.E. No. 5290 del 20 de diciembre de 2024, dispuso que el agente fiscal Machado presentara el requerimiento conclusivo, considerando la urgencia del caso y la necesidad de evitar dilaciones en el proceso.

La acusación formal se sustenta en el artículo 347 del Código Procesal Penal Paraguayo, tras considerar que la investigación ha reunido elementos suficientes para sustentar los cargos contra los imputados.

El caso ha generado particular interés público debido al perfil del acusado, quien ocupó uno de los cargos más relevantes en la administración de la seguridad social paraguaya, y por el monto millonario involucrado en las transacciones cuestionadas.

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La Fiscalía sostiene que existe un patrón de conducta fraudulenta en las operaciones inmobiliarias, donde los acusados habrían aprovechado su posición y contactos para ejecutar las presuntas estafas.

El Ministerio Público ha recopilado documentación que evidencia las múltiples irregularidades en las transacciones, incluyendo testimonios, registros notariales y documentos bancarios que respaldan la acusación.

La causa continuará su curso procesal con la audiencia de imposición de medidas, donde se determinará la situación procesal de los acusados y las restricciones que podrían enfrentar durante el desarrollo del juicio.

Fuente: ABC Color