Fiscalía solicita juicio oral contra directivos de Mocipar

La agente fiscal Patricia Sánchez Saldívar presentó acusación formal contra Dany Édgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández por el delito de estafa en el caso Mocipar. La Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral y público contra ambos directivos, quienes actuaron como coautores del esquema presuntamente fraudulento que operó durante más de dos décadas.

El Ministerio Público documentó un sistema de captación de fondos mediante contratos de adhesión para adquisición de inmuebles que nunca se materializaron. Las empresas Mocipar Propiedades y Mocipar Hogar SA habrían perjudicado a múltiples personas a través de promesas incumplidas de adjudicación de viviendas y bienes sorteados entre los años 2011 y 2018.

La investigación se originó tras la denuncia de una mujer que suscribió tres contratos consecutivos con la empresa, abonando un total de 13.460.000 de guaraníes. La denunciante cumplió con todas las cuotas estipuladas durante siete años, pero nunca recibió adjudicación alguna, siendo inducida repetidamente a firmar nuevos contratos bajo la promesa de no perder los montos ya cancelados.

La Fiscalía determinó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles ofertados. El modelo de adjudicación resultaba imposible de cumplir considerando la cantidad de adherentes versus la capacidad real de entrega de la empresa. Este mecanismo constituía la base del esquema presuntamente fraudulento que operó sistemáticamente durante años.

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Las empresas captaban víctimas mediante un programa televisivo emitido por canales de aire, donde sorteaban semanalmente electrodomésticos, muebles y vehículos. Esta estrategia publicitaria generaba confianza entre potenciales clientes de ingresos bajos y medios, quienes posteriormente suscribían contratos de adhesión para planes inmobiliarios que no se concretarían.

Los registros oficiales revelan que en 22 años de funcionamiento, Mocipar documentó únicamente 16 adjudicaciones efectivas. Miles de personas abonaron cuotas mensualmente sin obtener retribución alguna, mientras los directivos se beneficiaban personalmente con movimientos financieros positivos. Las empresas registraban pérdidas reiteradas que contrastaban con el enriquecimiento personal de los acusados.

La acusación se agrava porque las empresas operaron sin autorización de la Conajzar para realizar sorteos públicos. El Ministerio Público considera que los hechos investigados reúnen todos los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento definitivo de Durand Espínola y Román Fernández por el perjuicio económico causado a cientos de familias paraguayas.

Fuente: Última Hora