Mafia de los pagarés: fiscal busca cuantificar millonario daño

Un complejo esquema de fraudes judiciales que involucra a 63 imputados entre jueces, actuarios y abogados mantiene bajo la lupa al sistema de justicia paraguayo. El fiscal Leonardi Guerrero reveló que ahora se concentran en determinar el monto exacto del perjuicio económico causado a cientos de víctimas, en su mayoría personas jubiladas.

La denominada “mafia de los pagarés” operaba a través de un sofisticado mecanismo donde se violaban sistemáticamente los protocolos civiles para accionar contra personas que desconocían completamente estar sometidas a procesos judiciales. “Lo llamativo de esto es que esas diligencias fueron realizadas por los abogados que patrocinaban a estas empresas de cobranza, ellos mismos realizaban todos estos actos y llevaban el paquete al Juzgado para que prácticamente se firme”, explicó Guerrero en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Las investigaciones del Ministerio Público han revelado que este entramado delictivo permitía que los procesos judiciales avanzaran sin obstáculos hasta llegar al embargo de salarios de las víctimas. El esquema resultaba perfecto para los perpetradores: las personas afectadas no podían defenderse al desconocer que existían demandas en su contra, quedando totalmente vulnerables ante este sistema corrupto que operaba impunemente en diversas instancias judiciales.

Uno de los aspectos más escandalosos del caso es que muchas víctimas fueron sometidas a doble o triple cobro por un mismo documento de pago. Esta práctica exponía a los afectados, predominantemente adultos mayores en situación de jubilación, a un despojo sistemático de sus ingresos a través de embargos ejecutados con aparente legalidad, pero sustentados en procesos fraudulentos.

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“A partir de ahora, con la cantidad de expedientes, trataremos de discriminar el valor económico, es un poco difícil, pero lo haremos”, afirmó el fiscal, reconociendo la complejidad de cuantificar con precisión el daño económico total ocasionado por esta organización criminal que operaba desde diversos juzgados de paz y otras instancias del Poder Judicial.

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El caso ha generado profunda indignación en la sociedad paraguaya, no solo por la magnitud del fraude sino por la participación directa de funcionarios judiciales que debían garantizar la correcta aplicación de la ley.

Mientras el Ministerio Público avanza en la cuantificación del perjuicio económico, queda la incógnita sobre cómo se fortalecerán los mecanismos de control para evitar que esquemas similares vuelvan a operar dentro del sistema judicial, y cómo podrán ser resarcidas las víctimas que durante años sufrieron embargos ilegítimos sin posibilidad de defensa.

Fuente: Última  Hora