Víctimas de la mafia de los pagarés protestan en el SNPP

Instructores y docentes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) se manifestaron este martes frente a la institución para exigir justicia tras ser víctimas del esquema fraudulento conocido como «la mafia de los pagarés». Los trabajadores denuncian haber pagado sus créditos pero igualmente enfrentan demandas judiciales por supuestas deudas ya canceladas.

Blanca Melo, una de las afectadas, explicó el mecanismo fraudulento utilizado contra los trabajadores: «Esta empresa nos hacía firmar doble pagaré. Firmábamos con nuestra asociación y cuando pagábamos toda nuestra deuda nos entregaban nuestro pagaré. También la empresa nos hacía firmar otro pagaré para poder ejecutar cuando ellos quisieran». Los funcionarios señalan que nunca fueron notificados adecuadamente de los procesos judiciales, impidiéndoles presentar pruebas de sus pagos.

La fiscala Karina Caballero Hellion, de la Unidad Penal Barrial N° 8, presentó imputación contra 10 personas vinculadas al caso, incluyendo a miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del SNPP, representantes de casas de crédito y autoridades judiciales. El perjuicio patrimonial asciende a G. 5.541.026.492, según la auditoría practicada por la fiscalía.

Entre los imputados figuran Arnaldo Rafael Maciel Riveros, Wilma Mercedes Cabrera, Blas Emilio Mora Jiménez (administrador de la asociación entre 2019 y 2022), además de directivos de las financieras Serfin SA y Presto SA. También fueron procesados Víctor Nilo Rodríguez Acosta, juez de paz de La Recoleta, junto con tres funcionarios de ese juzgado: Gloria Isabel Morínigo Gill, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Rosa del Pilar Lezcano Correa.

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Los investigados enfrentan cargos por apropiación, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos no auténticos y prevaricato, en calidad de autores, instigadores o cómplices. Este esquema fraudulento habría operado entre 2020 y 2024, causando graves perjuicios económicos a más de 200 funcionarios y a la propia asociación.

Según la denuncia, los descuentos realizados sobre los salarios de los funcionarios para pagar los créditos nunca llegaron a las entidades prestamistas. Los socios también reclaman la desaparición de sus aportes y cuotas sociales de las cuentas de la asociación, señalando numerosas irregularidades administrativas que resultaron en un perjuicio millonario. Los hechos se habrían desarrollado principalmente en la sede de la Asociación de Funcionarios y en el Juzgado de Paz de La Recoleta.

Fuente: Última Hora