Interventor denuncia desvío sistemático en CDE

El interventor de Ciudad del Este, abogado Julio Ramírez, expuso este lunes un presunto esquema estructurado para evadir controles legales y desviar recursos públicos mediante transferencias sin respaldo. Según la auditoría realizada, estas prácticas se repitieron entre 2020 y 2022 y habrían comprometido más de G. 3.000 millones.

Entre las irregularidades detectadas figuran pagos anticipados a proveedores, adjudicaciones ficticias y fondos entregados a comisiones vecinales sin procesos formales de contratación. En un caso, una empresa recibió el pago dos días antes de ser adjudicada oficialmente, según señaló el interventor.

La Municipalidad habría utilizado comisiones vecinales como intermediarias sin capacidad real de ejecución, permitiendo simular procesos legales. La documentación necesaria para justificar las transferencias fue elaborada por funcionarios municipales, lo que facilitó la maniobra.

Ramírez explicó que varias de estas comisiones no administraban los fondos directamente, sino que firmaban los cheques y los proyectos ya llegaban con presupuestos fijados. Según la auditoría, su función fue desvirtuada para canalizar pagos a empresas previamente seleccionadas.

El interventor también alertó sobre la existencia de empresas presuntamente creadas con el único fin de operar con la comuna. Mencionó el caso de Tajy Servicios Generales, que emitió solo seis facturas correlativas, lo que indica una actividad limitada exclusivamente al vínculo con la administración municipal.

Los hallazgos ya fueron derivados al Ministerio Público, ante la sospecha de direccionamiento y posibles vínculos entre empresas beneficiadas y autoridades municipales. La responsabilidad, según el informe, recae en el intendente suspendido Miguel Prieto y en varias direcciones técnicas.

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Sebastián Martínez, presidente de la Junta Municipal y miembro del movimiento Yo Creo, rechazó las acusaciones. Aseguró que las transferencias a comisiones estaban amparadas por decretos del Ministerio de Economía y que estas organizaciones presentaban proyectos propios.

Martínez también negó irregularidades en la apertura de cuentas bancarias en 2020, indicando que las exigencias legales entraron en vigencia a mediados de ese año. Sobre los pagos anticipados, afirmó que pudieron haberse dado errores puntuales, pero no un esquema generalizado.

La investigación seguirá su curso en el ámbito judicial y administrativo, mientras continúan los trabajos de verificación documental en varias dependencias de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Fuente: ABC Color