Exigen lista de exsenadores con jubilación privilegiada

El economista Sergio Lovera Cañete y el abogado Teodoro Melgarejo presentaron un pedido de acceso a la información pública para obtener el listado de exlegisladores que accedieron a la jubilación parlamentaria. El objetivo es denunciarlos ante la Fiscalía por presuntos delitos de apropiación y estafa.

La solicitud, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Basilio Núñez, requiere datos sobre la cantidad de exparlamentarios jubilados con 5 y 10 años de aportes, los montos percibidos y el total acumulado pagado hasta la fecha en concepto de estas pensiones.

Lovera explicó que los legisladores no pueden jubilarse como empleados del Congreso, ya que perciben dietas y no salarios. Agregó que no están sujetos al régimen laboral ordinario, sino regulados por el Código Electoral, y que su función es legislar, no acceder a beneficios previsionales especiales financiados con recursos públicos.

Según datos mencionados, más de 85 exparlamentarios cobran actualmente esta jubilación, costeada íntegramente con impuestos directos e indirectos. Este último tipo de tributo, como el IVA, recae proporcionalmente más sobre sectores de bajos ingresos, lo que, según los solicitantes, agrava el carácter regresivo del beneficio.

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En 2022, los 125 legisladores en funciones aportaron G. 5.000 millones a la Caja Fiscal, mientras que el Estado debió transferir G. 17.000 millones adicionales para cubrir las jubilaciones. En total, se destinaron G. 22.000 millones, de los cuales el 77% provino de fondos públicos. Lovera calificó este esquema como inconstitucional y constitutivo de hechos punibles.

Los solicitantes también responsabilizan a ex y actuales ministros de Hacienda por imputar estos pagos al fondo parlamentario de forma arbitraria. Plantean que cada caja previsional sea administrada por su respectivo sector y que todo monto percibido irregularmente sea devuelto con intereses.

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Además, instaron a que quienes ya gozan de este beneficio reintegren los montos subsidiados y que aquellos que aún no se jubilaron renuncien a dicho privilegio, redirigiendo esos recursos a la caja fiscal correspondiente.

El pedido incluye la normativa vigente que permitió el régimen de jubilación con 5 o 10 años de aporte y el detalle de las fuentes de financiamiento utilizadas, ya sea por impuestos directos, indirectos o transferencias estatales. La información, de ser entregada, será remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos para impulsar las acciones legales correspondientes.

Fuente: ABC Color