Funeraria incumple servicio tras 36 años de pagos del asegurado

La funeraria Crichigno está en el centro de una denuncia por incumplimiento de contrato luego de negarse a brindar el servicio funerario a Euclides Ambrosio Ortiz Morel, un trabajador jubilado de 89 años que falleció en julio, pese a haber pagado durante 36 años un seguro de sepelio con la empresa.

El hecho ocurrió el 12 de julio, cuando los familiares del fallecido intentaron comunicarse con la empresa a través de los números impresos en sus facturas, sin éxito. Finalmente, lograron contactar con Carlos Crichigno, dueño de la empresa, quien indicó que solo cubrirían el ataúd y los muebles de la capilla, excluyendo el tratamiento químico del cuerpo y el uso del salón velatorio.

El propietario informó que el tratamiento químico estaba tercerizado y debía abonarse G. 2.150.000 adicionales, además del costo del salón. Ante la negativa de la empresa a asumir los servicios completos, los familiares decidieron contratar a otra funeraria en medio del duelo y la urgencia de organizar el sepelio.

Días después, el abogado de la familia acudió a las oficinas de Crichigno en el centro de Asunción para reclamar formalmente y solicitar una copia del contrato original firmado por Ortiz. Pese a la promesa de entrega, el documento no fue localizado y hasta hoy la empresa no lo ha proporcionado, a pesar de que existe un pedido escrito recibido oficialmente por la secretaria.

Además, la funeraria no figura en el listado oficial de funerarias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), según confirmaron los familiares. En su RUC aparece registrada como empresa de “Previsión Asistencial Servicios y Mandatos – Medicina”, y su sitio web oficial (www.crichigno.com) no funciona actualmente.

Los familiares denunciaron el caso ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), que cuenta con un formulario de denuncias en línea. Solicitan que la institución investigue y clausure la empresa por incumplir contratos de seguros funerarios.

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Según publicaciones verificadas en redes sociales, otros asegurados también reportaron incumplimientos similares, lo que sugiere una práctica reiterada. La familia Ortiz reclama justicia y el resarcimiento correspondiente por décadas de aportes no cumplidos.

Este caso expone vacíos en el control de empresas funerarias y refuerza la necesidad de mayor fiscalización estatal para proteger a consumidores ante posibles fraudes en servicios esenciales como el sepelio.

Fuente: E’a